Los familiares de más de 80 privados de libertad que se encuentran en la sede de la Brigada Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ubicado en El Hatillo, estado Miranda, acudieron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para denunciar tratos inhumanos en contra de los reos. 

“Entendemos que dentro de los calabozos deben hacer requisas para mantener el orden y evitar la violencia, pero hacen revisiones dos veces a la semana y les botan sus pertenencias personales”, sentenciaron los desesperados familiares, quienes además aseguraron que han buscado apoyo en diversas instancias gubernamentales, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta. 

“Los dejan sin ropa, sábanas, cepillos dentales, hasta les botan los envases de la comida, del agua, entre otras cosas. Como si esto fuera poco, les dan fuertes palizas que nos hacen temer por su vida”, añadieron. 

En medio de su angustia por el bienestar de los privados de libertad, estos padres, esposas, hermanos e hijos claman por la ayuda del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, las cuales son instituciones capacitadas para ejecutar una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre las acusaciones por maltratos dentro de los calabozos del CICPC en El Hatillo.

Pocos alimentos y nula comunicación

A pesar de que los familiares continúan llevando la comida a los reclusos, indican que les resulta imposible hacerlo a diario por las restricciones propias de la cuarentena obligatoria por el COVID-19. 

No obstante, logran hacerlo por lo menos dos veces a la semana, pero aseguraron que más de la mitad de los detenidos no reciben los insumos. De igual manera aseveraron que no han tenido comunicación con sus familiares por ninguna vía, por lo que no tienen información de sus condiciones de salud.

Reanudación de tribunales 

Familiares de los presos del CICPC El Hatillo también relataron al OVP que desean que los procesos judiciales sean reactivados, pues muchos esperan por una audiencia preliminar para salir en libertad o iniciar un juicio. 

En cuanto a los traslados a los recintos penitenciarios, les indicaron que no hay cupos y la única opción que les ofrecieron fue para el estado Lara. “Si nos cuesta movernos aquí entre Caracas y Miranda para traerles comida, imagine que se lo lleven para un penal lejos. No podremos verlos”, expresaron con temor los denunciantes. 

Carolina Girón, directora del OVP, ratificó el compromiso de esta organización no gubernamental de continuar elevando las denuncias y convertirse en la voz de los privados de libertad en Venezuela, por lo que una vez más exigió a los organismos del Estado que se aboquen a resolver los problemas que azotan a los presos venezolanos y pone en jaque al sistema penitenciario. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones