El Grupo de Puebla, que está conformado por presidentes, expresidentes y líderes progresistas de América Latina, advirtió este miércoles que no le reconoce autoridad moral alguna al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para cuestionar las detenciones de las personas acusadas de haber participado en el golpe de Estado sufrido en Bolivia en 2019.

En un comunicado, el Grupo señala que ve «con mucha preocupación» las declaraciones de la OEA sobre un supuesto abuso de los mecanismos judiciales en Bolivia, ya que desconoce de manera flagrante la independencia de poderes en ese país.

«La OEA presume, sin fundamento alguno, que se trata de una campaña de persecución dirigida desde el gobierno a quien acusa de apelar a instrumentos represivos», dice en referencia a un comunicado que el organismo emitió el pasado lunes, luego de que se conociera la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y se intensificaran los procesos judiciales en contra de parte de su gabinete.

«Como Grupo, no le reconocemos autoridad moral al secretario Luis Almagro, después del papel que cumplió la Misión de Observación a su cargo en las elecciones de 2019, tras las cuales se produjo el golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales, cuyas responsabilidades se están juzgando en este momento por la justicia boliviana», explica.

También recuerda que, después de las elecciones presidenciales de ese año, la misión de la OEA publicó un informe sin ningún soporte estadístico para justificar una segunda vuelta electoral a partir de un fraude no demostrado, como meses después pudieron constatarlo centros académicos de EE. UU. como el Centro de Investigación de Economía y Política, el laboratorio electoral del MIT y las universidades de Pensilvania y Tulane.

«Por esta razón, el Grupo de Puebla reitera que, mientras la OEA no tenga un Secretario General efectivamente imparcial, seguirá siendo un organismo generador de conflictos en la integración regional, que hoy es más necesario que nunca», afirmó.

Reacción

Por otra parte, la OEA respondió este miércoles al comunicado emitido la víspera por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, y en el que criticó «la injerencia colonialista» con la que Almagro avaló el golpe de Estado y reconoció a Áñez.

La OEA desmiente las acusaciones y repudia «el tono represivo y amenazante» del Gobierno de Luis Arce al considerar que pretende personalizar en Almagro decisiones y posiciones institucionales.

«La Secretaría General reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante», dice el texto de la organización, a pesar de que siempre respaldó a quienes impusieron un golpe de Estado y que después cometieron las masacres de Sacaba y Senkata.

El organismo, que mantuvo silencio y omitió condena alguna al Gobierno de facto de Áñez, insiste en que en Bolivia debe haber «juicios justos, creíbles e imparciales», con un Poder Judicial independiente que evite procesos selectivos que cancelen investigaciones contra partidarios del oficialista Movimiento al Socialismo y persigan a opositores.

Además, rechaza cualquier juicio que ponga en duda la autoridad moral y ética de Almagro, e insiste en que las misiones de observación electoral y de auditoría de 2019 se realizaron por invitación del Gobierno que entonces encabezaba Evo Morales, y que sus conclusiones se basaron en la observación y constatación de hechos debidamente probados y documentados.

«Es verdaderamente inaceptable y repudiable pretender que esos informes hayan generado violencia y convulsión social. La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019», acusa.

Eufemismos

La OEA califica como «absurdas» las acusaciones de que Almagro cometió «injerencia colonialista» o que el organismo participó en un golpe de Estado, además de que advierte que enviará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los antecedentes de presuntos actos de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde el último gobierno de Morales hasta la actualidad, y que incluirá una investigación sobre el «gobierno de transición», especialmente de los casos de Sacaba y Senkata.

De esta forma, el organismo vuelve a omitir el nombre de Áñez y utiliza el eufemismo de «gobierno de transición» para referirse a lo que fue un gobierno de facto surgido de un golpe de Estado.

Por el contrario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia fue más directo en su comunicado del martes, en el que acusa a Almagro de usar el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa.

«El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América», advierte.

La OEA, acusa, polariza a Bolivia con base «en mentiras» que pretenden «reavivar el camino de la violencia y la confrontación», a pesar de que debería estar más preocupada por las consecuencias que tuvo su misión de observación electoral al publicar un informe manipulado y sin elementos ni pruebas de un supuesto fraude, «lo que contribuyó a la convulsión social, a la generalización de hechos de violencia, a la promoción de grupos irregulares armados y a situaciones en las que el gobierno de facto actuó reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas de la población civil».

Esta fue la respuesta del Gobierno de Arce al primer comunicado de la OEA, donde manifiesta su preocupación por «el abuso de los mecanismos judiciales que, una vez más, se han convertido en instrumentos represivos del partido gobernante» y en el que exige la creación de una comisión internacional para investigar casos de corrupción desde el último Gobierno de Morales hasta ahora, remitir denuncias sobre posibles crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional, reformar el sistema de Justicia y liberar a todos los detenidos «hasta que existan procesos y mecanismos imparciales».

Cactus24 17-03-21