La defensora general de Argentina, Stella Maris Martínez, pidió que se destituya a dos jueces que dispusieron investigar si se cometió un «homicidio prenatal» al practicarle un aborto legal a una menor de 14 años que había quedado embarazada tras ser violada por su hermano, quien abusaba de ella hacía una década.

En concreto, Martínez solicitó ante el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar o destituir a los jueces, que se inicie un procedimiento de remoción respecto de Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, para que analice sus conductas por su «mal desempeño».

Según informó el Ministerio Público de la Defensa, en septiembre de 2020 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Buenos Aires condenó a un hombre a 35 años de cárcel por el homicidio de otra persona y por el abuso sexual de su hermana, llevado adelante en varias ocasiones, con violencia y desde que la víctima era muy pequeña.

El aborto era legal

Fruto de esos abusos, en 2017 la menor quedó embarazada y la propia adolescente dio a conocer su decisión de ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, que se llevó a cabo días después en un hospital público, acompañada de su madre.

Hasta diciembre pasado, cuando se aprobó el proyecto que legaliza el aborto seguro y gratuito hasta la semana 14, la ley disponía que se podía interrumpir la gestación de forma legal si el embarazo era fruto de una violación o corría peligro la vida de la madre.

Durante el juicio en el que fue condenado el hombre, los jueces ordenaron abrir otro proceso para investigar si con ese aborto se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal”, medida que según Martínez está fundada en las «convicciones religiosas» de los magistrados e implicó un «claro apartamiento de la legislación vigente».

Cactus24/08-04-2021