Hoy un grupo de trabajadores de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) y contratistas que prestan servicio en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), se reunieron en la plaza José Leonardo Chirino de Punto Fijo para denunciar que aparentemente son víctimas de una «nueva Lista Tascón».

De acuerdo con el abogado Harold Guerrero, esta lista fue reactivada hace dos semanas «cuando un grupo de trabajadores que tenía contrato por tiempo determinado, fue a renovar su pase de entrada y en la pantalla les salió que están vetados y por eso no podían entrar. Nosotros hicimos una investigación a lo interno y nos indican que se trata de un lineamiento nacional; ya van más de 300 despidos en el CRP, el próximo 30 de mayo se vence un gran número de pases y se estima que el número total aproximado de despidos será de 6.000 trabajadores», expuso.

A juicio de Guerrero, esta medida es violatoria de todos los Derechos Humanos (DD. HH.), específicamente del derecho al trabajo «y es inconstitucional porque se presta para la discriminación de las personas, ya que esto es por un caso político e infringe la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) porque en este procedimiento que estamos viendo, no se le solicitó a la Inspectoría del Trabajo una calificación de despido ni se les están garantizando sus derechos como trabajadores», repudió.

Además, Guerrero considera que hay una violación del Decreto de Inamovilidad Laboral del 31 de noviembre del año 2020, con una durabilidad de dos años, así como el Decreto de Pandemia desde marzo del año pasado, avalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Cualquier empresario hace un despido similar y lo sancionan, le quitan la empresa y hasta lo meten preso. En este caso como este régimen está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, actúa de forma arbitraria y perjudica a los trabajadores, de quienes además dependen sus familiares, ni Dios lo quiera se enferman y no tienen los medios económicos para resolver», rechazó.

Durante la asamblea, el abogado definió con los trabajadores las acciones jurídicas a realizar en los próximos días, entre ellas, presentar un amparo constitucional ante el tribunal laboral, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de DD. HH. de la Asamblea Nacional, la OIT «y otros organismos nacionales e internacionales competentes, de manera que se le dé el acceso equitativo a los trabajadores».

CACTUS24 26-05-21