«Vannesa Rosales está libre», escribió en Twitter la ONG 100 % Estrógeno, que busca la visibilización y defensa de los derechos de la mujer, antes de agregar que es «un logro de todo el movimiento feminista nacional e internacional».

Tras conocerse la liberación, la ONG Provea escribió en Twitter que Rosales «nunca debió estar presa por ayudar a una niña de 13 años a abortar luego de que fuese víctima de una violación».

La ONG aseguró que «el violador (de la niña) sigue libre», por lo que «el caso de abuso sigue impune».

La docente fue detenida el 12 de octubre de 2020 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y, desde el 11 de enero de 2021, se encontraba bajo arresto domiciliario.

Rosales fue acusada de los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de otra persona con su consentimiento, una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo, un escenario prohibido incluso cuando hay inviabilidad del feto o en casos de violación.

Las autoridades, según información difundida por medios locales, acusaron a la activista de haber cobrado por el suministro de la pastilla y por supuestamente poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, una aseveración que la defensa negó y señaló como «falsa».

En enero, Venus Faddoul, abogada defensora de Rosales, dijo a Efe que «Vannesa tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres» y destacó que «ella nunca cobró por nada».

Además, aseguró que, según una revisión médica, el feto «estaba condenado a morir» pues la niña «no tenía el útero desarrollado».